La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó a la exdiputada del FMLN, Lorena Peña y a su hija Ana Virginia Guardado Peña, por el enriquecimiento ilícito de $150,762.86. El magistrado detalló que se encontró enriquecimiento ilícito por un monto de $133,746.60 en el caso de la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, y $17,016.26 en el caso de Ana Virginia Peña, haciendo un total de $150,762.86.
Lorena Peña fue condenada por no desvanecer cinco de siete irregularidades que le fueron encontradas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y las cuales fueron reafirmadas por una pericia financiera. Mientras que su hija no logró desvirtuar tres de ocho irregularidades.
Según la demanda, las inconsistencias eran movimientos financieros, compra de inmuebles o pagos de algunas obligaciones financieras, y que eran desproporcionadas con los ingresos legítimos de ambas demandadas.
La demanda inicial contra Peña era por $140,521.60, en su calidad de diputada propietaria entre los periodos 2012-2015 y 2015-2018, y en el caso de la hija, Ana Virginia Guardado Peña, por un monto de $136,960.94, que bajó a $17,016.26.
La Cámara también las inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años, una vez la sentencia esté en firme. Así mismo, la condena implica el pago de los costos procesales.
La abogado de Lorena Peña, Hazel Alvarado, aseguró que en el juicio civil se logró desvirtuar gran parte de las irregularidades, y que una vez tengan por escrito la sentencia, apelarán los montos que aún existen.
“Ha sido un fallo bastante favorable se logró reducir en gran manera las irregularidades atribuidas a mis representadas, sin embargo, aún hay un monto que consideró la Cámara que no se ha podido desvanecer a pesar de tener los elementos probatorios tanto documentales y periciales, por tanto, se procederá conforme a derecho a una eventual apelación”, sostuvo la defensora Hazel Alvarado.
La exdiputada ha manifestado desde un inicio del proceso civil, que las acusaciones constituyen un ataque político, y que son falsas e impuestas por la Corte Suprema de Justicia.
