Alfredo Cristiani, fingió ser el «presidente de la paz», con la justificación de la firma que puso fin al conflicto armado, sin embargo, lo que estaba tras esa cortina de humo, era la creación de un aparato que les permitiría robar a manos llenas, otorgando tierras a discreción, desviando fondos a través de las partidas secretas, financiamiento al narcotráfico y cometimiento de asesinatos de Lesa Humanidad, hechos que quedaron en la impunidad porque había una ley ciega, comprada y selectiva.
Uno de esos crímenes que marcó la impunidad en El Salvador, ocurrió la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la UCA, Alfredo Cristiani, negó rotundamente su participación en lo ocurrido, pero ¿Cómo era posible que no se enterara de este hecho atroz, el comandante en jefe del Ejército Nacional?
La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenara en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA, diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación.
Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión, el expresidente Cristiani, actualmente se encuentra prófugo fuera del país, en un momento en el que la Fiscalía le atribuyó los delitos de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración en el delito de actos de terrorismo, fraude procesal y hurto calificado.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.