En el Salvador, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) es el marco normativo base en El Salvador para la contratación y asignación de obras, consultorías y servicios acordados o pagados con fondos públicos.
Por lo que, toda persona natural o jurídica que ejecute una obra o brinde un servicio para una institución pública, o que se pague con recursos de los salvadoreños, estará obliga da a someterse al concurso de licitación para la adjudicación del proyecto.
El artículo 2 de la Lacap mandata y describe quiénes están sujetos a dicha normativa, mientras que el artículo 4 plantea las excepciones respectivas de los que no lo están.
De acuerdo con los registros de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la asignación de fondos a ONG desde 2011 hasta 2020 (cuatro legislaturas), ese órgano de Estado, por medio del Ministerio de Educación (Mined), le adjudicó ininterrumpidamente fondos a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por un total de $30.2 millones.
Los proyectos asignados a discreción a la UCA incluyeron, la elaboración del instrumento de la Prueba de Aptitudes y Aprendizajes para Egresados de Educación Media (PAES), la impresión de papeletas y el procesamiento, la tabulación y el ordenamiento de los resultados durante varios años.