La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó este lunes sobre el hallazgo de 381 cadáveres ocultos y acumulados en el interior de un crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez. Los cuerpos, que debían ser incinerados conforme a lo estipulado en los certificados de defunción, fueron almacenados durante más de dos años en condiciones inadecuadas.
Según las autoridades, en muchos casos los familiares habrían recibido cenizas que no correspondían a sus seres queridos, lo que agrava el impacto emocional y legal del hallazgo. Los cuerpos estaban embalsamados y con documentación legal, pero nunca fueron cremados, como se había prometido en los servicios funerarios contratados.
En respuesta, la Fiscalía capturó al dueño del crematorio y a un empleado de la empresa, quienes enfrentan cargos por manejo indebido de restos humanos, violaciones a normas de salubridad, inhumación clandestina y fraude.
“Simplemente recogían los cuerpos, seguramente hacía la cobranza que tenía que hacer por el servicio que estaba prestando, finalmente no lo hacía y acumularon los cadáveres”, señaló el fiscal a cargo del caso, subrayando el grado de negligencia y el posible móvil económico detrás del delito.
El crematorio operaba en una casa pequeña de seis cuartos, donde los cuerpos fueron apilados sin control sanitario, en un caso que las autoridades ya califican como un acto de negligencia criminal.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación integral para identificar a cada una de las víctimas y establecer la cadena de responsabilidad. También se prevé brindar apoyo psicológico y legal a las familias afectadas.
Este suceso ha generado consternación nacional y ha reabierto el debate sobre la regulación y fiscalización de los servicios funerarios en México, especialmente en contextos de alta demanda como el que se vivió durante la pandemia y sus secuelas.