Esta semana la Asamblea Legislativa aprobó diferentes leyes que buscan beneficiar el bolsillo de los salvadoreños en los momentos críticos que vive la economía global por diversos factores ajenos a situaciones en El Salvador.
Una de ella es la prórroga del decreto legislativo número 311, donde se amplía la vigencia del control de precios de la gasolina y del gas licuado y estarán obligados a trasladar al precio de venta a distribuidores mayoristas, clientes industriales y estaciones de servicio o gasolineras la reducción correspondiente, igual que en el caso de los mayoristas.
El incumplimiento podría reportarles multas por el equivalente a hasta 500 salarios mínimos del sector comercio, unos 182.000 dólares, o de hasta 280 salarios mínimos, alrededor de 102.200 dólares, en el caso de las estaciones de servicio.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele también anunció que continuará subsidio del gas propano para un millón de hogares y no permitirá subidas de las tarifas eléctricas ni del pasaje del transporte colectivo, ya que los empresarios reciben subsidios.